El planeta ha padecido recientemente el embate de diversos incendios de gran magnitud. En Australia estos afectaron 10 millones de hectáreas (aproximadamente la superficie del estado de Oaxaca), y en agosto del año pasado, en el Amazonas se perdieron 2.5 millones de hectáreas de selva. De acuerdo con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM, por sus siglas en portugués), el desastre en aquella región se debió —además de a la variabilidad climática— a las quemas provocadas para deforestar áreas de selva a fin de convertirlas en áreas de pastoreo o de cultivo.
Este hecho hace inevitable pensar en la situación de México, particularmente en la de Chiapas, por ser el segundo estado con más bosques en el país y la entidad que más incendios registró en 2019, 2018 y 2015 —con un promedio de 6,600 al año—, en su mayoría causados por quemas agrícolas. Esto es preocupante porque 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de la degradación y la deforestación, seguido de las actividades agropecuarias (la ganadería y el uso de fertilizantes agrícolas aportan 19%).
En Chiapas, además, se encuentra la Selva Lacandona, uno de los últimos grandes bosques tropicales del hemisferio norte (es el hogar de alrededor de 3,500 especies de plantas y más de 1,600 especies de animales, algunas endémicas y muchas en peligro de extinción, como el quetzal y el jaguar). De hecho, es la entidad con mayor superficie de bosque mesófilo de montaña (bosque nublado), ecosistema que ha funcionado como refugio para algunas especies durante los cambios climáticos de los últimos miles de años.
Sin embargo, la cobertura forestal en el estado ha disminuido notablemente. De acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC), ha perdido 55% de sus bosques, principalmente por deforestación para realizar actividades agropecuarias (la producción de café y maíz y la ganadería ocupan un tercio de su superficie).
La ampliación de la frontera agrícola en la entidad incrementa el riesgo climático en todo el país y aumenta la vulnerabilidad de amplias áreas de bosque tropical. Tan solo la Selva Lacandona ha perdido cerca de 73% de su extensión original (tenía una superficie de un millón 800,000 hectáreas, pero hoy solo tiene 500,000). La mayor parte de la deforestación en esta selva sucede en sus bordes, y avanza hacia su interior por la apertura de nuevas parcelas o áreas de pastoreo.
Este tipo de agricultura que le arrebata terreno a los bosques tiene una peculiaridad —además de estar basado en el sistema de roza, tumba y quema—, y es que, a falta de recursos o mecanismos para contrarrestar el agotamiento natural del suelo, en pocos ciclos abandona las parcelas que se vuelven improductivas e infértiles. Esto —además de incentivar la apertura de nuevas parcelas a través de la deforestación— favorece el empobrecimiento de la población (76.4% de los chiapanecos vive en pobreza extrema).
Los niveles de producción de esta agricultura migratoria muchas veces son tan bajos que apenas proporciona alimento al productor y su familia. De acuerdo con el Coneval, 52.2% de la población de Chiapas está en alguna situación de inseguridad alimentaria, por lo que es importante promover acciones para reducir el riesgo climático desde la agricultura, ya que los riesgos por la variabilidad climática y la inseguridad alimentaria forman parte de una misma problemática.
Gran parte de los suelos de cobertura forestal que fueron convertidos en tierras para la actividad agrícola y ganadera presentan un alto nivel de degradación. Un ejemplo de esta afectación es la zona de la Frailesca, donde diversos estudios muestran que sus suelos están gravemente deteriorados —presentan compactación y pérdida total de materia orgánica—, lo que ha tenido por consecuencia una significativa disminución de la producción de granos básicos.
La implementación de sistemas integrados de prácticas sustentables como la Agricultura de Conservación —la cual aprovecha el rastrojo, en lugar de quemarlo, para mejorar la estructura y calidad del suelo— o la Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) —particularmente útil para evitar la erosión en terrenos de ladera, como los que hay en gran parte de Chiapas— es un ejemplo de acciones que, desde la agricultura, reducen el riesgo climático y contribuyen a lograr la seguridad alimentaria de las comunidades.
Los escenarios de cambio climático para Chiapas indican que los periodos de sequía más severos y extensos serán más recurrentes en toda la entidad, por lo que es conveniente promover prácticas sustentables y reducir así el riesgo de fenómenos catastróficos, especialmente en aquellos municipios donde se registra mayor número de incendios (como Venustiano Carranza, Ocosingo y Villa Corzo).
#ChiapasNoQuema es una acción en favor del medioambiente de ese estado y, por consecuencia, del planeta. Se trata de una iniciativa conjunta del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) —a través del Hub Chiapas—; The Nature Conservancy (TNC); Rainforest Alliance; la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) de Chiapas; y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que a través de MasAgro —programa que impulsa junto con el CIMMYT— ha hecho posible que en el país un poco más de 200,000 hectáreas que antes se quemaban ya no sean objeto de esa práctica.
Sigue de cerca esta campaña y súmate a las acciones que promueve para que —con prácticas sustentables— el campo de Chiapas sea más rentable y ya no sea necesario ampliar la frontera agrícola (lo cual contribuye a la deforestación y el aumento de riesgos climáticos).
